En defensa del Tribunal Constitucional

Hace algunos días, con ocasión de la presentación de la Memoria de actividades del Tribunal Constitucional referida al año 2008, arreciaron las críticas dirigidas contra la Institución por no haberse pronunciado, a fecha de hoy, sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en su día contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tales críticas no solamente han sido realizadas por los periodistas (algunos de ellos, de acreditada solvencia) sino también por destacados dirigentes políticos.

No seré yo quién pretenda restringir la libre expresión de nadie. Tampoco quién deje de defender que, precisamente por ser el Tribunal el intérprete auténtico de la Constitución y suprema instancia judicial en nuestro país, su labor debe someterse a la crítica general y, muy especialmente, a la doctrinal. Resulta así que la crítica social y doctrinal constituye el imprescindible control al que se somete la labor del Tribunal y también, en su envés, uno de los principales cometidos de los profesores universitarios. Sin embargo, la legitimidad de la crítica no la hace, por definición, acertada. Y creo que en este caso, sinceramente, no lo ha sido.

Un resumen de los hechos acaecidos, que han sido silenciados en esas críticas, permite hacerse un cuadro más cabal de la situación. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña un día después. En los tres meses siguientes se han interpuesto ante el Tribunal Constitucional la nada desdeñable cifra de siete recursos de inconstitucionalidad. Uno interpuesto por el Partido Popular, en el que se impugnan diversos apartados e incisos de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del Estatuto. Por su parte, el Defensor del Pueblo cuestiona la regularidad constitucional de 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales. Por su parte, las cinco Comunidades Autónomas que han recurrido el Estatuto de Cataluña lo han hecho impugnando determinadas Instituciones o regulaciones (Aragón, Islas Baleares y Valencia, en defensa de la gestión colegiada del Archivo de la Corona de Aragón; Murcia y Valencia, en contra de la competencia estatutaria relacionada con la gestión del Ebro, y La Rioja con otros motivos añadidos –denominación de origen intercomunitaria, financiación y principio de bilateralidad-).

No hace falta ser muy inteligente para comprender que estamos ante un asunto complejo y cuya resolución no puede ser inmediata. De un lado, porque el Tribunal se ha debido dedicar también a otros asuntos que también resultan primordiales para nuestra convivencia, como es la resolución de los amparos electorales o la gestión de una nueva Ley que modifica profundamente su funcionamiento (LO 6/2007, por cierto, también impugnada). De otro, porque el volumen de las impugnaciones, unido a la nueva filosofía que el texto estatutario catalán destila, hace que estemos ante una materia muy amplia y compleja, en la que resulta primordial que la respuesta del Tribunal alcance un alto grado de consenso entre los Magistrados. El retraso más grave, sin embargo, se debe a la propia instrumentalización partidista que las principales formaciones políticas han hecho de la propia Institución, a través de una concatenación de recusaciones (discutibles todas ellas), que han retrasado de forma muy importante la resolución de la causa. Dicho con otras palabras, los grandes partidos políticos y la Generalidad de Cataluña, que ahora se duelen de las dilaciones, son también responsables de las mismas.