Seminario sobre "la crisis del Estado liberal y el surgimiento de modelos alternativos: el comunismo, el fascismo y el nazismo"
El seminario sobre "la crisis del Estado liberal y el surgimiento de modelos alternativos: el comunismo, el fascismo y el nazismo" se celebrará en la Sala de Profesores de la Facultad el miércoles 13 de enero de 2010, a las 11.15 horas. Tendremos una primera sesión hasta las 12.30 horas, haciendo entonces una interrupción hasta las 13 horas. Retomaremos entonces el seminario que concluirá, aproximadamente, a las 14.15 horas.
La actividad está abierta a los alumnos, profesores y trabajadores de la UVa que desen asistir a la misma. El único requisito es que se inscriban previamente nen el formulario adjunto.
El Seminario se celebrará si hay una matrícula mínima de tres personas. El seguimiento del mismo no se asocia al reconocimiento de créditos de libre configuración.
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domingo, 20 de diciembre de 2009
viernes, 3 de julio de 2009
En defensa del Tribunal Constitucional
Hace algunos días, con ocasión de la presentación de la Memoria de actividades del Tribunal Constitucional referida al año 2008, arreciaron las críticas dirigidas contra la Institución por no haberse pronunciado, a fecha de hoy, sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en su día contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tales críticas no solamente han sido realizadas por los periodistas (algunos de ellos, de acreditada solvencia) sino también por destacados dirigentes políticos.
No seré yo quién pretenda restringir la libre expresión de nadie. Tampoco quién deje de defender que, precisamente por ser el Tribunal el intérprete auténtico de la Constitución y suprema instancia judicial en nuestro país, su labor debe someterse a la crítica general y, muy especialmente, a la doctrinal. Resulta así que la crítica social y doctrinal constituye el imprescindible control al que se somete la labor del Tribunal y también, en su envés, uno de los principales cometidos de los profesores universitarios. Sin embargo, la legitimidad de la crítica no la hace, por definición, acertada. Y creo que en este caso, sinceramente, no lo ha sido.
Un resumen de los hechos acaecidos, que han sido silenciados en esas críticas, permite hacerse un cuadro más cabal de la situación. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña un día después. En los tres meses siguientes se han interpuesto ante el Tribunal Constitucional la nada desdeñable cifra de siete recursos de inconstitucionalidad. Uno interpuesto por el Partido Popular, en el que se impugnan diversos apartados e incisos de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del Estatuto. Por su parte, el Defensor del Pueblo cuestiona la regularidad constitucional de 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales. Por su parte, las cinco Comunidades Autónomas que han recurrido el Estatuto de Cataluña lo han hecho impugnando determinadas Instituciones o regulaciones (Aragón, Islas Baleares y Valencia, en defensa de la gestión colegiada del Archivo de la Corona de Aragón; Murcia y Valencia, en contra de la competencia estatutaria relacionada con la gestión del Ebro, y La Rioja con otros motivos añadidos –denominación de origen intercomunitaria, financiación y principio de bilateralidad-).
No hace falta ser muy inteligente para comprender que estamos ante un asunto complejo y cuya resolución no puede ser inmediata. De un lado, porque el Tribunal se ha debido dedicar también a otros asuntos que también resultan primordiales para nuestra convivencia, como es la resolución de los amparos electorales o la gestión de una nueva Ley que modifica profundamente su funcionamiento (LO 6/2007, por cierto, también impugnada). De otro, porque el volumen de las impugnaciones, unido a la nueva filosofía que el texto estatutario catalán destila, hace que estemos ante una materia muy amplia y compleja, en la que resulta primordial que la respuesta del Tribunal alcance un alto grado de consenso entre los Magistrados. El retraso más grave, sin embargo, se debe a la propia instrumentalización partidista que las principales formaciones políticas han hecho de la propia Institución, a través de una concatenación de recusaciones (discutibles todas ellas), que han retrasado de forma muy importante la resolución de la causa. Dicho con otras palabras, los grandes partidos políticos y la Generalidad de Cataluña, que ahora se duelen de las dilaciones, son también responsables de las mismas.
No seré yo quién pretenda restringir la libre expresión de nadie. Tampoco quién deje de defender que, precisamente por ser el Tribunal el intérprete auténtico de la Constitución y suprema instancia judicial en nuestro país, su labor debe someterse a la crítica general y, muy especialmente, a la doctrinal. Resulta así que la crítica social y doctrinal constituye el imprescindible control al que se somete la labor del Tribunal y también, en su envés, uno de los principales cometidos de los profesores universitarios. Sin embargo, la legitimidad de la crítica no la hace, por definición, acertada. Y creo que en este caso, sinceramente, no lo ha sido.
Un resumen de los hechos acaecidos, que han sido silenciados en esas críticas, permite hacerse un cuadro más cabal de la situación. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña un día después. En los tres meses siguientes se han interpuesto ante el Tribunal Constitucional la nada desdeñable cifra de siete recursos de inconstitucionalidad. Uno interpuesto por el Partido Popular, en el que se impugnan diversos apartados e incisos de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del Estatuto. Por su parte, el Defensor del Pueblo cuestiona la regularidad constitucional de 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales. Por su parte, las cinco Comunidades Autónomas que han recurrido el Estatuto de Cataluña lo han hecho impugnando determinadas Instituciones o regulaciones (Aragón, Islas Baleares y Valencia, en defensa de la gestión colegiada del Archivo de la Corona de Aragón; Murcia y Valencia, en contra de la competencia estatutaria relacionada con la gestión del Ebro, y La Rioja con otros motivos añadidos –denominación de origen intercomunitaria, financiación y principio de bilateralidad-).
No hace falta ser muy inteligente para comprender que estamos ante un asunto complejo y cuya resolución no puede ser inmediata. De un lado, porque el Tribunal se ha debido dedicar también a otros asuntos que también resultan primordiales para nuestra convivencia, como es la resolución de los amparos electorales o la gestión de una nueva Ley que modifica profundamente su funcionamiento (LO 6/2007, por cierto, también impugnada). De otro, porque el volumen de las impugnaciones, unido a la nueva filosofía que el texto estatutario catalán destila, hace que estemos ante una materia muy amplia y compleja, en la que resulta primordial que la respuesta del Tribunal alcance un alto grado de consenso entre los Magistrados. El retraso más grave, sin embargo, se debe a la propia instrumentalización partidista que las principales formaciones políticas han hecho de la propia Institución, a través de una concatenación de recusaciones (discutibles todas ellas), que han retrasado de forma muy importante la resolución de la causa. Dicho con otras palabras, los grandes partidos políticos y la Generalidad de Cataluña, que ahora se duelen de las dilaciones, son también responsables de las mismas.
miércoles, 10 de diciembre de 2008
Los retos de la Unión Europea
Desde 1951, la Unión Europea se la ha jugado en muchas ocasiones. En algunas de ellas, nos ha sorprendido con un doble salto mortal (como ocurrió con el Tratado de Maastricht). En otras, ha demostrado sus propias limitaciones (algunas de ellas intrínsecas).
En la presentación adjunta se muestra, de forma extremadamente sintética, los rasgos evolutivos y los retos a los que se enfrenta a corto plazo la Unión. El primero, relacionado con el Tratado de Lisboa, nueva apuesta que no puede fracasar. El segundo, relativo a la eventual adhesión de Turquía a la Unión, que suscita problemas de hondo calado que es preciso resolver preventivamente.
En la presentación adjunta se muestra, de forma extremadamente sintética, los rasgos evolutivos y los retos a los que se enfrenta a corto plazo la Unión. El primero, relacionado con el Tratado de Lisboa, nueva apuesta que no puede fracasar. El segundo, relativo a la eventual adhesión de Turquía a la Unión, que suscita problemas de hondo calado que es preciso resolver preventivamente.
sábado, 29 de noviembre de 2008
Al parecer, Franco ha muerto
En estos días hemos tenido varias noticias protagonizadas por diversos jueces. Uno, mediático, que ha dedicado un tiempo precioso para acreditar que Franco había muerto. Es probable que el insigne jurista apellidado Garzón no recordara el funeral de Estado, aquél mítico discurso de Arias Navarro anunciando "Españoles, Franco ha muerto" o aquéllas fotos en las que se mostró una crueldad intorelable con el mismo Franco en el momento de su agonía. Es probable que estuviera impartiendo alguna de sus conferencias en el extranjero y ello le impidió enterarse de una noticia nimia como la relatada. Es una pena que ni él ni otros defensores de la libertad (de la libertad políticamente correcta, claro) hubieran procesado al dictador en vida, si éste es considerado responsable de crímenes contra la humanidad. Eso sí que hubiera demostrado coraje...
Otro Juez, inseguro en sus manifestaciones pero militante de sus principios, ha pasado por el banquillo acusado de dificultar una adopción de un niño por la compañera de su mujer. La imagen que ha transmitido en el proceso no inspira una fé ciega en la justicia ni un arrojo sorprendente. La imagen, en este caso, encaja con su apellido (colomita). Al parecer, el mismo juez se sintió violentado por un top less hace muchos años y es probable que no se haya recuperado todavía de aquel shock.
Lo cierto es que los dos miembros del poder judicial han hecho algo parecido: una especie de huelga a la japonesa. Han perdido el tiempo tratando de imponer sus ideas sobre lo que el modesto ordenamiento jurídico les permitía. Tal actitud puede ser sometida a crítica con carácter general, pero de forma especialmente acusada en un momento en el que los retrasos judiciales son escandalosos y suelen traducirse en una denegación de justicia. Si nos dejáramos de tanta moralina y nos preocupáramos de los problemas concretos, es probable que fuéramos más útiles a nuestros conciudadanos, ¿no creen?
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